Excelentísimo Señor Gobernador de

la Provincia de Santiago del Estero

DR. CARLOS ARTURO JUÁREZ

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PRESENTE

La Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) con sede en Córdoba, que tiene "Status consultivo" en Naciones Unidas, y la agrupación ambientalista Salus Terrae, con sede en Santiago del Estero, solicitan a Ud. y por su intermedio a quien corresponda el retiro urgente y el confinamiento seguro de las 30 toneladas de residuos tóxicos que se encuentran enterrados en la localidad de Argentina, pues su actual disposición representa un grave e inaceptable peligro para la comunidad de la zona y de la región.

La investigación realizada en el lugar por FUNAM, durante la cual se tomaron sendas muestras, arrojó sorprendentes e inquietantes resultados. La cromatografía de gases (CG/MS) efectuada por el Laboratorio Ambiental de la Municipalidad de Córdoba, el más avanzado del país, mostró la presencia de un "cocktail" de residuos de extrema peligrosidad, muchos de ellos cancerígenos. El análisis de la lista demuestra que se enterraron no solamente plaguicidas sino también productos químicos derivados de su fabricación. En total se detectaron 33 compuestos, entre ellos Pentaclorobenceno, Lindano o isómero Gamma del Hexaclorociclohexano, isómero Alfa del Hexaclorociclohexano, Pentacloro-o-nitrobenceno, Acido fosforoditioico, Fenotiazina, Eteno, Trans-Clorodano, Hexaclorobenceno, Heptacloro, Aldrin, Dieldrin, compuestos de la familia del DDT, DDT isómero, Clorobenceno, Tetraclorobenceno etc.

La revisión de los casos argentinos de ocultamiento ilegal de residuos nos permite afirmar, por la cantidad involucrada (30 toneladas) y por la sorprendente diversidad de tóxixos, que es el enterramiento clandestino de residuos más peligroso detectado hasta el momento en nuestro país.

Esta grave situación obliga a FUNAM y SALUS TERRAE a alertar a la opinión pública y muy particularmente a los vecinos de la Argentina sobre el riesgo latente que representan esas 30 toneladas, y a solicitar, con una nota de igual tenor y al mismo efecto que ésta, una rápida acción de la titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación, Ing. María Julia Alsogaray.

FUNAM y SALUS TERRAE conocen en profundidad el conflicto jurídico entre las administraciones Nacional y Provincial por cuestiones de competencia jurisdiccional. Pero las características de extrema peligrosidad que tiene el enterramiento, reveladas por la cromatografía de gases, tornan inaceptable la espera. Los residuos deben ser retirados y confinados con carácter urgente. La presencia de 33 compuestos químicos activos y sin prácticamente ningún tipo de contención ya no deja tiempo para esperas. Es un imperativo humanitario extraerlos y confinarlos, puesto que su permanencia en las condiciones actuales representa un peligro extremo para la salud de la gente y la integridad ambiental de la zona y de regiones aledañas.

Las dos organizaciones ambientalistas que hacen esta presentación se sienten en la obligación de hacerle notar que la situación es muy delicada y que si no se toman medidas rápidas, se verá comprometida la salud de esa población, y la integridad ambiental de toda la región y de áreas vecinas, y con ella el equilibrio económico y social de una vasta zona. Desde el momento mismo que organismos y ciudadanos de Argentina y otros países conozcan el contenido del depósito y su extrema riesgosidad, que incluso puso en peligro a quienes tomamos las muestras, cualquier demora en desenterrar y confinar los residuos será considerada inaceptable.

FUNAM y SALUS TERRAE proponen como alternativa (hasta que el diferendo legal entre el Estado Provincial y el Estado Nacional llegue a su fin): (a) La construcción de un playón de cemento, en superficie, y sobre ese playón, de una edificación estanca para colocar los barriles de residuos, al abrigo de corrientes superficiales de agua y con sistema antifuego (incluido equipo de extinción ad hoc y una barrera antifuego perimetral), todo adecuadamente iluminado; (b) La remoción del total de residuos y de la tierra circundante hasta el valor que indiquen las operaciones de desenterramiento, ello en un día con calma y sin lluvias; (c) El uso por parte de los encargados de la operación de equipos autónomos y vestimenta adecuada; (d) La puesta en marcha, durante la operación de remoción y las que se deriven de ella, de un dispositivo de seguridad para evitar la dispersión por aire de los tóxicos; (e) La total suspensión de actividades en el pueblo, en particular a una cierta distancia del sitio de enterramiento; (f) La colocación de todo el material extraído (residuos y tierra contaminada por separado) en recipientes plásticos estancos, y extracción de muestras del material antes del sellado; (g) El traslado de dichos barriles ya sellados, numerados e inventariados al edificio de depósito transitorio para su confinamiento; (h) La extracción y análisis de muestras en el zanjón dejado por la extracción de residuos para determinar la necesidad de retirar una mayor cantidad de tierra contaminada; (i) El análisis de las muestras extraidas de los barriles antes de su sellado; (j) El mantenimiento de la zanja abierta, con protección, hasta tanto se confirme que no queda material contaminante o que se retire el último rezago de material contaminado, y éste se almacene en barriles y se confine en el depósito; (k) El relleno de la zanja con tierra no contaminada; (l) La vigilancia del depósito las 24 horas del día, y la colocación de carteles indicando la peligrosidad del material allí depositado.

Los costos de esta obra, que son mínimos comparados con el riesgo sanitario y ambiental que hoy corre la Argentina, podrían ser repartidos entre la Nación y la Provincia y su diferencia sería pagada, finalizado el proceso judicial, por la administración que resultare responsable de su retiro, tratamiento y disposición final.

Teniendo en cuenta que el depósito ha sido descubierto en 1994 y que las investigaciones de diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales han concluido que el depósito existe desde 1990, y que ya se habrían registrado problemas sanitarios y ambientales, FUNAM y SALUS TERRAE solicitan a las dos administraciones que, además de la medida urgente de desenterramiento y confinamiento, comiencen a delinear un proyecto de reparación ambiental (mejoras en el pueblo en infraestructura sanitaria, provisión de agua potable y saneamiento). Debe tenerse en cuenta que este "cocktail" de residuos extremadamente peligrosos ya tiene casi 9 años de permanencia, sin que se hayan realizado tareas de monitoreo y mucho menos de mitigación.

FUNAM y SALUS TERRAE han determinado un plazo de 60 (sesenta) días corridos desde el día de la fecha para que se acuerde un operativo conjunto entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Provincia para la extracción y confinamiento más adecuado de estos residuos. Expirado ese plazo, y si estos Gobiernos no hubiese realizado ninguna acción, las organizaciones no gubernamentales de éste y de otros países desplegarán una intensa campaña nacional e internacional para promover la extracción de esos residuos y la recomposición ambiental de la zona, denunciando esta inacción de las autoridades.

FUNAM y SALUS TERRAE desean hacer notar que la situación se ha agravado con el paso del tiempo y que la actitud de los funcionarios gubernamentales no ha respondido a las expectativas de los pobladores de la zona ni de la opinión pública en general.

Concretamente, FUNAM y SALUS TERRAE consideran lo siguiente sobre las acciones del gobierno provincial y nacional:

(1) Hubo un excesivo enfrentamiento verbal entre la Administración Nacional y la Administración Provincial sobre sus responsabilidades, y se ha olvidado que en la zona hay seres humanos que esperan medidas concretas.

(2) No se observó una voluntad manifiesta en la investigación judicial para tratar de dar con los responsables de la operación. La Fiscalía de Estado afirma desde 1995 que no puede encontrar, para tomar declaración indagatoria, a los principales sospechosos (directivos de la empresa Imperial Chemicals Industries ni al Ing. Esteban Camacho, funcionario de Ferrocarriles Argentinos, Línea Mitre) por cambios de domicilio de la corporación multinacional y por el proceso de privatización de la empresa de trenes. Sin embargo, una investigación propia pudo dar con los sospechados de la autoría y de la operación. Sin hacer un juicio previo de su culpabilidad o no, FUNAM y SALUS TERRAE cuestionan que hasta el día de la fecha, tanto los funcionarios de la ICI Argentina como del funcionario de la empresa Bartolomé Mitre (hoy Nuevo Central Argentino) no hayan sido lo suficientemente investigados por la Justicia ni la Fiscalía.

(3) No se efectuó la vigilancia prometida en la zona del enterramiento. En la actualidad, según pudo constatar una investigación llevada a cabo por FUNAM y SALUS TERRAE, el alambrado perimetral se encuentra totalmente destruido y no existe ninguna vigilancia en el área del enterramiento. Tampoco existe un cartel que alerte sobre la peligrosidad de los residuos allí enterrados. Lo grave e inaceptable es que a escasos 150 metros funciona una escuela, y que los residuos están enterrados a granel, sin membrana alguna y con muchos de sus residuos practicamente aflorando en superficie.

(4) Los funcionarios del Gobierno de la Intervención Federal no informaron a la población de los alcances de la reunión que mantuvieron con altos directivos de la empresa Imperial Chemicals Industries (ICI) Argentina, en el mes de junio de 1994.

(5) Varios funcionarios públicos tanto de la Nación como de la Provincia, desde 1994 en adelante, han vertido en forma oportunista e irresponsable manifestaciones y consideraciones alarmistas sobre los residuos tóxicos, sin sustento técnico, generando más confusión y temor en la población afectada.

(6) No se evalluaron fehacientemente las alternativas presentadas para confinar los residuos (Defensoría del Pueblo Provincial, Universidad Nacional de Santiago del Estero, etc).

(7) No se conformó ningún cuerpo especial de análisis y acción para abordar este problema con seriedad y rapidez. Los funcionarios gubernamentales sólo tomaron medidas aisladas e inconsultas sin darle participación a la comunidad afectada, a las organizaciones ambientalistas no gubernamentales, a los legisladores y a otros sectores de la sociedad. Duele comprobar la orfandad en que estuvieron y siguen estando los vecinos del pueblo, ya cansados de recibir funcionarios, promesas e incluso proyectos disparatados, como el de utilizar los residuos para el combate de las hormigas.

(8) No se realizaron las mejoras prometidas durante la Intervención Federal. La Planta Potabilizadora de Agua en la actualidad no funciona, por lo que algunos pobladores deben comprar agua de Selva o de Pinto. Quienes no tienen medios de movilidad ni medios económicos, hoy toman un agua sospechada de estar contaminada por el contacto de la napa freática con los tóxicos.

(9) No se comunicaron a los pobladores ni se difundieron a la opinión pública los resultados de los estudios realizados a los niños en julio de 1994, durante el gobierno de la Intervención Federal.

(10) No se efectuó un estudio sanitario ni epidemiológico en la zona, lo que provoca una seria preocupación en los pobladores, quienes viven en la incertidumbre de no saber si el mal estado de salud de algunas personas es o no atribuible a los efectos del "cocktail" de residuos peligrosos.

Por todo ello, FUNAM y SALUS TERRAE desean que las dos administraciones le den absoluta prioridad al desenterramiento y confinamiento seguro de estos residuos, sin que ello influya en el proceso judicial o en la investigación que se está realizando sobre el caso.

Al mismo tiempo le informamos que haremos entrega de la documentación pertinente que obra en nuestro poder al organismo judicial interviniente, a las Defensorías del pueblo de la Provincia y la Nación, y a la universidad nacional de Santiago del Estero.

Sin otro particular, y reiterándole toda la disposición de los abajo firmantes para encontrarle una salida positiva y urgente a esta problemática, lo saludan atentamen

Pbro. Alfredo Basualdo Dr. Raúl A. Montenegro

Presidente de Salus Terrae Presidente de FUNAM

PS: Si Ud. o sus asesores necesitan mayor información, pueden contactarse con el Equipo de Trabajo, Casilla de Correo 81, Correo Central (5000), Córdoba, República Argentina. Teléfono: (051) 21 01 05, Fax: 051-52 02 60. Por correo electrónico a: salusterrae@latinmail.com.ar

raulmont@satlink.com.ar

cc: Vecinos de la Argentina.

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